Derecho y justicia social en la educación.

Cuando hablamos de educación inclusiva ¿realmente sabemos lo que es y lo que supone?¿Somos conscientes de que es un derecho? ¿Somos conscientes de que como docentes es nuestra obligación garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad a todo el alumnado? Cuando hablamos de educación inclusiva, ¿sabemos que hablamos de justicia social, de derechos humanos, de ética?

El principio de inclusión aparece por primera vez en España en mayo del año 2006, cuando se aprueba la Ley Orgánica de Educación (LOE). Ese mismo año, en el mes de diciembre, las Naciones Unidas aprueban también la Convención sobre los derechos de las personas con Discapacidad, que en su artículo 24 habla del DERECHO a una educación inclusiva. España firma y ratifica esa Convención en mayo del año 2008, y desde entonces entra a formar parte del ordenamiento jurídico español.

La educación inclusiva es un derecho que tiene todo nuestro alumnado y para nosotros, los docentes, es una obligación ofrecer y garantizar los apoyos y ajustes necesarios para conseguirla. 

 

Hablar de justicia social es hablar de educación inclusiva; es hablar de asegurar que todos los niños y niñas tengan derecho a una educación inclusiva, equitativa y de calidad; es hablar de filosofía, de ética y de humanismo; es hablar de personas. En la actualidad, cada vez hay más familias que para conseguir este derecho a la educación deben acudir a los tribunales, con el consiguiente sufrimiento, desasosiego e incertidumbre que ello acarrea. Esto no es hablar de justicia social, no es hablar de educación inclusiva.

La justicia social en educación debe alejarse del concepto tradicional de justicia legal y debe acercarse a la justicia como presencia y participación de todo el alumnado en el aula y sobre todo a la justicia como educación de calidad y éxito para todos.

Para ello, los docentes y los centros educativos debemos cambiar nuestras culturas, nuestra mirada, debemos ver la capacidad y no la discapacidad, ver el talento y no el déficit, debemos estar informados y formados, debemos transformar nuestras prácticas y debemos liderar este cambio.

La justicia social se basa en aceptar las diferencias, en diluir los límites entre lo que yo, como docente, entiendo por normalidad y anormalidad, en ofrecer una educación de calidad a todo el alumnado, en un cambio de mirada mío y en un cambio de cultura del centro educativo. Cuando no somos justos, somos injustos, y entonces hablamos de opresores y oprimidos, y yo soy opresora cuando soy culpable del sufrimiento ajeno, cuando cometo injusticias, cuando le digo a una familia que su hijo o su hija no puede estar en este centro, cuando no ofrezco apoyos y ajustes suficientes a todo el alumnado, cuando etiqueto, cuando pongo barreras, cuando no las elimino, cuando no permito que todos los niños participen, cuando segrego, cuando invisibilizo, cuando tengo prejuicios, cuando me molestan dentro del aula; pero, sobre todo, cuando acepto la injusticia como algo normal y lo habitual se vuelve opresivamente cotidiano.

Reflexionemos sobre nuestras prácticas, reflexionemos sobre cómo transformarlas, reflexionemos sobre nuestra mirada, reflexionemos sobre qué es lo que quiero, sobre las barreras que pongo y quiero eliminar, sobre los apoyos que necesito para conseguir eliminarlas, sobre lo que puedo y no puedo hacer sola, sobre quién me va a ayudar. Reflexionemos sobre la justicia y la injusticia y entonces, solo entonces, esta reflexión me servirá para caminar, para conseguir una educación justa, equitativa y de calidad para todo el alumnado, para hablar de educación con mayúsculas, porque no tendríamos que hablar de educación inclusiva, tendríamos que hablar solo de educación, de educación con mayúsculas, porque cuando añado el adjetivo «inclusiva» al sustantivo «educación», quiere decir que previamente he segregado y que por eso ahora tengo que incluir. Seamos capaces de hacer brillar siempre a todo nuestro alumnado, de iluminarlos y permitir que nos iluminen.